El artículo 441 del código penal colombiano establece, básicamente, que la omisión de información en cuanto a delitos de homicidio, genocidio, secuestro, tortura y demás crímenes que atenten contra los derechos fundamentales de toda persona es castigable por la ley. Yo pienso que esta ley es fundamental para la protección de la condición humana, aunque infortunadamente no sea una de las más acatadas, no sólo en Colombia, sino en el mundo entero. Es nuestro deber como ciudadanos informar a las autoridades de cualquier delito que se presente y del cual tengamos conocimiento, a menos que, pienso yo, atente contra nuestra propia integridad física o moral.
El artículo 74 de la Constitución Nacional de Colombia propone que todos los ciudadanos tienen derecho al conocimiento de documentos públicos. En realidad no se que opinar al respecto, pues esto, en cierta medida, podría violar el derecho a la privacidad de los individuos, a menos, claro está, que estos documentos sean prueba de algún acontecimiento o evento que concierna directamente a la comunidad.
La libertad de prensa es la existencia de garantías que aseguren a los ciudadanos a expresar su punto de vista y que los contenidos difundidos por los medios de comunicación no estén controlados por el estado. En lo que a libertad de prensa se refiere, Colombia ocupa el lugar 126 de 169 países listados en materia de libertad de prensa, quedando entre los países con mayor riesgo para los periodistas en el mundo, y el tercero en América, sólo superado por México y Cuba, una situación bastante crítica y muy decepcionante. La censura impuesta por el estado es uno de los principales problemas que enfrenta la prensa colombiana; cuando en otros países como Estados Unidos este derecho está garantizado por la Primera Enmienda de la Constitución y los periodistas norteamericanos saben defender y hacer valer ese derecho, aquí en Colombia el gobierno y las entidades privadas ejercen un inmerso grado de control sobre los medios y sus mensajes, menguando considerablemente el derecho de la prensa a difundir la verdad y atentando contra el derecho de expresar nuestras opiniones en general. Como periodistas en potencia, es nuestro deber abogar por nuestros derechos y abolir la censura impartida por el estado, reestucturando la paupérrima libertad de prensa existente en nuestro país.
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